Fuente: Revista Energías Renovables (www.energias-renovables.com)

España se ha caracterizado históricamente por su escasez de recursos energéticos, principalmente combustibles fósiles. Esto se ha traducido en una gran dependencia exterior y, por consiguiente, una situación de déficit en el sector energético.

El Gobierno aprobó el martes 29 de marzo un paquete de “medidas de ámbito energético” de carácter nacional en el marco del Plan de Choque de Respuesta a la Guerra de Ucrania. El objetivo principal es el de combatir la subida y presionar a la Unión Europea para reformar de forma inmediata los mercados energéticos en plena crisis por la invasión de Ucrania. 

En total, las medidas movilizarán 16.000 millones de recursos, de los cuales 6.000 millones serán en forma de ayudas directas y 10.000 millones adicionales serán avales del ICO a las empresas con problemas financieros.

Entre las medidas se establece un procedimiento temporal acelerado hasta el 31 de diciembre de 2024 para la tramitación de plantas eólicas nuevas inferiores a 75 MW y nuevas fotovoltaicas menores de 150 MW; libera el 10% de la capacidad de acceso de los nudos de transporte para que puedan absorber aproximadamente 7000 MW de instalaciones de autoconsumo, pues a día de hoy hay unos 3.000; y obliga a las distribuidoras a ampliar sus planes de inversión en las redes eléctricas en un mínimo del 10% con el fin de facilitar la evacuación de nueva generación renovable de menor tamaño y autoconsumo.

En el paquete de medidas aprobadas resaltan también aquellas con carácter fiscal que benefician a la industria gran consumidora de energía, como siderúrgicas, a la que el Ejecutivo le rebaja en un 80% los peajes; y a las empresas productoras de electricidad, el Gobierno prorroga la suspensión del impuesto del 7% a la generación.

En este sentido, las medidas fiscales ayudan también a los consumidores más vulnerables, pues el Gobierno aplaza hasta el 30 de junio las rebajas vigentes  extraordinarias al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y 70% del PVPC; y a la ciudadanía, pues se mantiene hasta el 30 de junio de 2022 el descuento al 10% del tipo impositivo del IVA sobre la electricidad para los consumidores con menos de 10 kW de potencia contratada (el IVA antes era del 21%) y el tipo de Impuesto Especial sobre la Electricidad en el 0,5%, que es el mínimo autorizado por la UE.

Según los datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con los descuentos que afectan a los consumidores con menos de diez kilovatios de potencia contratada y a los vulnerables, la carga fiscal sobre estos dos colectivos se conserva reducida un 60%, lo que supone un impacto presupuestario de 10.000 a 12.000 millones en un año completo.

CONSUMIDORES DE GAS NATURAL

En referencia a la Tarifa de Último Recurso de gas natural (TUR) se mantiene el límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en la fórmula de cálculo durante las siguientes revisiones del 1 de abril y el 1 de julio, con el fin de refrenar su incidencia en la factura final de los consumidores.

Por otro lado, los consumidores electrointensivos obtendrán el beneficio de la reducción del 80% en el importe de los peajes hasta final de año y de un incremento de la compensación por el CO2 repercutido en la electricidad. La industria también mantendrá la flexibilización de la contratación de los peajes de suministro de gas hasta el 30 de junio. 

ACTUALIZACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LAS RENOVABLES HISTÓRICAS

El Plan de Choque del Gobierno establece una actualización extraordinaria y anticipada del régimen retributivo regulado de las renovables, la cogeneración y los residuos (ReCoRe) que otorga una rentabilidad financiera del 7,4%, la cual no se verá afectada. Una orden ministerial especificará el efecto sobre cada instalación acogida al ReCoRe.

Cada tres años se repasan los ingresos de RecoRe en función de la venta de su electricidad y con relación a unos precios de referencia predeterminados al inicio del periodo. Si la rentabilidad obtenida supera el 7,4%, las instalaciones pagan la diferencia al sistema; si es inferior, el sistema les abona hasta llegar a ese nivel. Teniendo en cuenta los precios tan altos de la electricidad registrados en 2021 y previstos para el resto de 2022, la actualización disminuirá en unos 1.800 millones los costes del ReCoRe en 2022, lo que permite reducir los cargos en lo que queda de año un 55% por debajo del nivel previo a las medidas para sostener los precios aprobados el año pasado.

Además, el Ministerio ha informado de que, a partir del 1 de enero de 2023, dejará de aplicarse este mecanismo de ajuste por la desviación de precio en el mercado. Según Transición Ecológica, el objetivo es incentivar “que las instalaciones vendan a precio a plazo su producción eléctrica renovable”.

MINORACIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS

La minoración de los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas eléctricas gracias a la repercusión de los precios de la generación con gas sobre la generación inframarginal (minoración de gas) también se prorroga hasta el 30 de junio. Además, los fondos recaudados se destinarán a reducir los cargos aplicados a los consumidores.

Esta medida también atañe a la energía contratada a plazo a precio fijo que tenga un precio de cobertura que supere los 67€/MWh; en el caso de coberturas entre sociedades de un mismo grupo de empresas se tendrá en cuenta el precio final comercializado.

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES

El Ejecutivo prorroga hasta el 30 de junio los vigentes descuentos extraordinarios al bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se sitúan en el 60% y 70% del PVPC, respectivamente, y fortalece su protección social con diversas medidas relevantes, como la renovación automática en el caso de que se cumplan los requisitos establecidos para percibirlo.

El número de beneficiarios del bono se ampliará en 600.000, hasta los 2 millones de hogares protegidos, al extenderlo a todos los perceptores del ingreso mínimo vital con contrato de suministro y al tomar como indicador de referencia la unidad de convivencia en vez de la unidad familiar. Los beneficiarios del bono social eléctrico tienen derecho al bono social térmico que cubren los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, se aumenta la partida presupuestaria destinada a financiar el bono término hasta los 228 millones.

Por otro lado, ahora también tienen que asumir la financiación del bono social todos los agentes que forman parte de la cadena de suministro de electricidad (producción, distribución, transporte, comercialización y consumidores directos), de acuerdo con su facturación, y no solo los comercializadores de electricidad como antes se hacía. 

FOMENTO DE LAS RENOVABLES Y DEL AUTOCONSUMO

Una de las prioridades del Gobierno español es fomentar las renovables. La normativa aprobada por el Consejo de Ministros incorpora varias medidas al respecto, como un marco de regulaciones para instalaciones fotovoltaicas flotantes, normativa para canalizaciones de gases renovables, como el hidrógeno; o la liberación del 10% de la capacidad de acceso de los nudos de transporte para que puedan absorber alrededor de 7 GW adicionales de instalaciones de autoconsumo.

Ante la emergencia provocada por los precios energéticos internacionales, se habilita un procedimiento acelerado temporal, hasta el 30 de diciembre de 2024, para determinar la afección ambiental y la tramitación de nuevas plantas eólicas menores de 75 MW y nuevas fotovoltaicas menores de 150 MW. Estas plantas tendrán que ubicarse fuera de la Red Natura 2000 y en áreas de sensibilidad moderada o baja según la Zonificación ambiental para energías renovables.

Por otro lado, entre 2023 y 2025, las empresas distribuidoras aumentarán sus planes de inversión en las redes eléctricas como mínimo en un 10% para ayudar a la evacuación de nueva generación renovable de pequeño tamaño y autoconsumo.

MÁS GAS

Aunque España ya disponía de las reservas estratégicas que otros socios europeos están empezando a constituir, conforme con la nueva estrategia de seguridad energética adoptada por la Unión Europea, el Ejecutivo ha ampliado en siete días y medio el volumen y la disponibilidad de las reservas de gas y productos petrolíferos, fijando unas existencias mínimas de 27,5 días de consumo.

La reserva estratégica se mantiene en 20 días, flexibilizando de esta manera su uso: el 50% podrá liberarse por orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cuando antes se requería acuerdo del Consejo de Ministros. Además, los comercializadores tendrán que disponer de 7,5 días de reservas operativas a fecha de 1 de noviembre para hacer frente a la temporada invernal.

OTROS ELEMENTOS DENTRO DEL SECTOR ENERGÉTICO

El Plan de Choque del Gobierno incluye otro tipo de medidas como la habilitación para establecer bancos de pruebas regulatorios en los que testar proyectos que faciliten la innovación y la investigación en el ámbito eléctrico; la transposición de normativa europea para disminuir la intensidad de las emisiones de CO2 de los carburantes mediante biocarburantes y otras medidas, como la reducción de la quema de antorcha en las refinerías; o el desarrollo de las reglas y criterio para la celebración de los concursos de acceso a la red eléctrica.