“El solomillo es solomillo, se ponga en el plato que se ponga”. Mediante estas palabras confirmaba el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, la crónica de una muerte anticipada por muchos. Según recientes informaciones, la Ley de Mecenazgo, promesa electoral del Partido Popular con la que se pretendía “implicar a la sociedad en las industrias culturales” (según palabras pronunciadas por el propio presidente Mariano Rajoy en 2011), quedará finalmente diluida e integrada en el Proyecto de Reforma Fiscal que el Gobierno pretende llevar a cabo, y no formará un cuerpo legislativo independiente, tal y cómo lleva tiempo reclamándose desde la industria cultural.

De esta manera, algunas de las deducciones previstas a la subvención de la cultura, quedarán incluidas en la Reforma Fiscal, siempre supeditadas a los parámetros marcados desde la Administración, eso sí, algo que no termina de convencer a la masa de profesionales ligados al teatro, el arte, el cine, etc. Algunos de los nuevos incentivos serían: la bonificación a las empresas en cinco puntos en el Impuesto sobre Sociedades, deducciones por crowdfunding de hasta el 75% (siempre sobre donaciones que no superen los 150 euros), y exenciones para los espectáculos escénicos y musicales exenciones del hasta el 20%. Por otro lado, uno de los mayores caballos de batalla culturales a los que se ha enfrentado el Ejecutivo durante la legislatura, el cine, promete seguir dando guerra, pues si bien es cierto que se prevé incrementar las desgravaciones del 18% al 20%, estas sólo serán aplicables para el primer millón de inversión, cifras que aún parecen lejanas a las deducciones del 40% que existen en otros países vecinos de la Unión Europea como Francia, Alemania o Italia.

Cabe recordar que al contrario de lo que algunos piensan, sí que existe un marco legislativo al que atenerse: actualmente España se rige por la Ley de Mecenazgo 49/2002, que reconoce que todo el mundo puede donar, tanto personas físicas como jurídicas, estableciendo para tal fin las entidades a las cuáles se puede donar para poder optar a la exención recogida por la Ley (Fundaciones, Administraciones Públicas, Asociaciones Declaradas de Utilidad Pública, organismos autónomos dependientes de administraciones públicas como las Universidades, por ejemplo). Sin embargo, el debate social que provoca esta controvertida figura jurídica invita a pensar que o bien la Ley 49/2002 no se promocionó lo suficiente entre la población o ha podido quedar obsoleta después de todos estos años.

Desde los distintos sectores profesionales ligados a la industria de la Cultura no han tardado en aparecer las primeras críticas a la “depuesta” Ley de Mecenazgo. Se culpa a José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura, a la subida progresiva del IVA como catalizador de la crisis de un sector considerado cuarto en cuanto a nivel de ingresos del Producto Interior Bruto.

Por el momento uno de los portavoces con más autoridad para hablar sobre la materia, Miguel Ángel Recio, director del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), ya ha sido destituido de su puesto y pasará a dirigir la Dirección General de Bellas Artes de la Secretaría de Estado de Cultura, cuestión que algunas plumas afiladas han querido relacionar con unas declaraciones realizadas por el propio Recio durante un encuentro con periodistas en el que llegó a asegurar que la Ley de Mecenazgo no iba a producirse.

Desde Hacienda defienden su postura alegando que la Reforma Fiscal incluirá incentivos “bastante más potentes” para la cultura que los que había en el pasado. Mientras tanto, algunas comunidades autónomas como Navarra, Andalucía o la Comunidad Valenciana ya han anunciado Leyes de Mecenazgo propias.

La polémica después de todo, parece estar servida.

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