Pymes y autónomos distan mucho de compartir el entusiasmo manifestado por el Gobierno respecto al IVA de caja. Pilar básico de la Ley de Emprendedores, es causa de debate entre diversos sectores de nuestro país.

El Ejecutivo estimaba que esta medida podría alcanzar a 1,3 millones de autónomos y un millón de pymes, si bien los expertos se muestran menos optimistas en sus previsiones, pues creen que la medida no se va a implantar tan rápido y bien como se contempla desde el Palacio de la Moncloa, ya que a su juicio posee algunas lagunas estructurales.

Los motivos para este escepticismo varían. La principal barrera para acatar el nuevo régimen tributario que han encontrado las PYMES y los autónomos reside en la obligatoriedad de presentar mayor información a Hacienda, algo a lo que muchos se niegan.

Además, las empresas deben abonar el IVA de las facturas que emiten aunque no hayan cobrado, y también cuando actúan como clientes pueden deducir el IVA sin haber abonado la factura. La medida estrella del Gobierno, viene a modificar los dos aspectos; el IVA no se pagará hasta cobrar la factura, pero en cambio, tampoco podrá deducirse el impuesto hasta que se haya pagado. Con el fin de ahorrar en trámites y complejidad, el pequeño comercio continuará apostando por el viejo modelo, pues está acostumbrado a cobrar en el momento de venta, deduciendo el impuesto de valor añadido antes de pagar a sus proveedores. El factor “resistencia”, es por tanto, uno a tener muy en cuenta.

Pero los obstáculos para la implantación del IVA de caja van más allá. Según la normativa, las firmas con un volumen de negocio superior a los dos millones de euros no pueden acogerse a la misma. Las grandes empresas siempre pagarán el IVA al emitir una factura, pero si actúan como clientes de PYMES inscritas en el criterio de caja, no podrán deducirse el impuesto hasta que abonen su deuda. Por ello, no sorprende que algunas firmas comerciales ya hayan anunciado que no van colaborar con proveedores acogidos a la nueva medida del impuesto de valor añadido. Esta situación ha sido denunciada por ciertos grupos, como la Plataforma contra la Morosidad, que reclaman una situación igual para todas las empresas independientemente de su tamaño, para evitar situaciones discriminatorias.

Por otro lado, hay quién considera que sucederá al revés, y que las grandes sociedades pagarán antes para poder deducir primero el IVA, pero para conseguirlo, asociaciones como la ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), reclaman un mayor plazo para garantizar el éxito de la propuesta, que en principio termina en diciembre.

Una dificultad añadida, según los expertos, la encontrarán muchos negocios al rellenar los formularios, pues se han añadido dos campos nuevos. Ello puede provocar una saturación en el software de gestión de Hacienda, lo que limitaría la aceptación generalizada del nuevo criterio para el impuesto de valor añadido. Cabe añadir que quién rechace aceptarlo podrá hacerlo en los dos años posteriores, siempre y cuando se comunique antes de que termine el plazo vigente el último mes del 2013, ya que en caso de no hacerlo, no podría volver a aplicarse hasta que hayan pasado tres años.