El Gobierno continúa llevando a cabo su política de reformas. Esta vez le ha llegado el turno a la Propiedad Intelectual. El viernes 14 fue el día elegido para presentar el proyecto, responsabilidad que recayó en la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Según explicaron, la misión de la nueva Ley es la de proteger mejor a los autores y facilitar el tránsito al digital de la industria cultural. Para conseguirlo, el Ejecutivo propone crear una única entidad que cobre los derechos, evitando así la multiplicidad de pagos y tasas a diferentes organismos, que es el sistema actual. De esta manera, “se da respuesta con esta modificación parcial a alguno de los problemas más urgentes en la regulación de la propiedad intelectual”, argüía Sáenz de Santamaría.

La polémica no ha tardado en saltar, pues el borrador de la Ley contempla perseguir a todos aquellos servicios que proporcionen enlaces de terceros con la conocida popularmente como “Tasa Google”. En un intento que algunos han interpretado como protección del periodismo tradicional, el Proyecto Ley establece que todas las webs que proporcionen enlaces de otros medios, deben pagar una cuantía compensatoria, y además, incluir sólo “textos no significativos”. En la práctica, esto daría carta blanca al Gobierno para sancionar a Google, por ejemplo. Sin embargo (precisamente con el famoso motor de búsqueda en mente), la nueva LPI eximiría a todas estas plataformas por tratarse de agentes “neutrales” en la transmisión de la información. Esto no sucede así con otros agregadores de contenido, como Menéame, que se ve afectado de lleno.

En un comunicado, la popular página española transmite su desilusión por la más que probable aprobación del Proyecto Ley, proponiendo mudarse a otro país y refundar la empresa, e incluso se plantea desaparecer ante la carencia de alternativas. Los blogs especializados han manifestado igualmente su malestar; si tienen que pagar por ciertos contenidos, se verán obligados a obviarlos. Pero eso no es todo: el sector de la educación también se ve afectado. La nueva LPI prevé que los manuales cuya extensión supere el capítulo, deberán pagar igualmente una cuantía compensatoria. El diario El País se hace eco de la reacción de los editores, que se mostraban bastante pesimistas al respecto.

Lo cierto es que el runrún mediático generado por la propuesta del Ejecutivo ha ido in crescendo. Las críticas no cesan: arcaica, mercantilista, anti-democrática y restrictiva, son algunos de los adjetivos que ha recibido.

Y vosotros, ¿qué opináis al respecto?, ¿os parecen acertados los cambios?, ¿cuál sería vuestra propuesta para modificar la LPI?